Inteligencia artificial, ciberseguridad y protección de datos en las empresas canarias: entrevista a Ramsés Villar

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En esta entrevista, Ramsés Villar, Gerente de Prodat Canarias, analiza los principales desafíos legales y tecnológicos a los que se enfrentan las organizaciones del archipiélago ante el avance de la inteligencia artificial, el aumento de los ciberataques y la entrada en vigor de nuevas normativas europeas como la Ley de IA y la directiva NIS2.

“Cumplir con la normativa permite generar confianza y reforzar la competitividad empresarial”

La inteligencia artificial está cambiando la forma en que las empresas recopilan y utilizan información. ¿Cuáles son los principales riesgos que deben tener en cuenta las organizaciones canarias para innovar sin comprometer la privacidad de sus clientes?

La Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea establece un marco regulatorio aplicable a todos los Estados miembros, incluida España. Esta normativa distingue entre proveedores y responsables del despliegue de sistemas de IA, estableciendo distintas obligaciones para cada uno.

Por ejemplo, una empresa que utiliza ChatGPT para analizar información normalmente será responsable del despliegue. En cambio, una pyme que desarrolla, adapta o modifica agentes de IA podría asumir también el papel de proveedor, lo que implica obligaciones adicionales.

Muchas pymes siguen viendo la protección de datos como una obligación burocrática. ¿Cómo puede Prodat ayudarles a convertir el cumplimiento normativo en una herramienta para generar confianza y mejorar su competitividad?

En España, la protección de datos cuenta con una trayectoria consolidada desde la LORTAD de 1992 y la Ley Orgánica de Protección de Datos de 1999. Hoy el marco de referencia es el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD), cuyo cumplimiento supervisa la Agencia Española de Protección de Datos.

Esta regulación puede suponer un reto para las pymes, pero también una oportunidad. Su objetivo no es solo garantizar los derechos fundamentales, sino también proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

Muchas empresas perciben estas medidas como una obligación, sin valorar sus beneficios. Sin embargo, los ciberataques pueden provocar pérdidas de información, extorsiones y paralizaciones de la actividad. Aplicar adecuadamente las medidas de seguridad previstas en la normativa de protección de datos y en marcos como el Esquema Nacional de Seguridad ayuda a reducir estos riesgos y a mejorar la capacidad de respuesta ante incidentes.

El aumento de las estafas digitales y la suplantación de identidad está poniendo en riesgo a empresas de todos los tamaños. ¿Qué medidas preventivas considera prioritarias para proteger los datos y garantizar la continuidad de los negocios en Canarias?

En muchas empresas, el eslabón más débil suele ser el factor humano, principalmente por la falta de formación en ciberseguridad. Un ejemplo son los ataques de CEO, en los que los delincuentes suplantan la identidad de un directivo para solicitar transferencias bancarias. También pueden comprometer cuentas de correo electrónico y utilizarlas para comunicar cambios fraudulentos en las cuentas bancarias de los proveedores.

La Ley de IA obliga desde agosto de 2026 a identificar los contenidos manipulados con IA, pero quien comete un fraude no lo hará: la mejor defensa sigue siendo verificar.

Para prevenir estos ataques, es fundamental formar y concienciar a los empleados, además de establecer procedimientos de verificación para cualquier operación sensible. Actualmente, la inteligencia artificial agrava este riesgo, ya que permite suplantar voces e imágenes con gran realismo a partir de pequeñas cantidades de información, facilitando la creación de contenido audiovisual cada vez más convincente. La Ley de IA obliga desde agosto de 2026 a identificar los contenidos manipulados con IA, pero quien comete un fraude no lo hará: la mejor defensa sigue siendo verificar.

Sectores como el turismo, el comercio, la sanidad y los servicios gestionan grandes volúmenes de información personal. ¿Qué errores detecta con mayor frecuencia en estas actividades y qué soluciones específicas puede aportar Prodat?

Estamos hablando de los sectores críticos y esenciales, es decir, aquellos que resultan imprescindibles para el funcionamiento de la sociedad, como la sanidad, la energía, el transporte o las comunicaciones, tal y como vimos durante la pandemia. En Canarias vemos errores muy repetidos. En el sector turístico, pedir más datos de los necesarios o fotocopiar documentos de identidad sin justificación, usar los datos de reservas o del wifi para enviar publicidad sin un consentimiento válido y compartir información con plataformas y proveedores sin un contrato de encargo de tratamiento. En el comercio, programas de fidelización y videovigilancia que no informan correctamente a los clientes. Y en la sanidad, el envío de informes por correo o mensajería sin cifrar y accesos a historias clínicas sin control. Para corregirlo proponemos empezar por un diagnóstico de los tratamientos, ajustar la información y los contratos y formar a quien atiende al cliente, que es quien maneja los datos cada día.

La Directiva europea NIS2 establece obligaciones de ciberseguridad para entidades esenciales e importantes, con sanciones en caso de incumplimiento. En España aún está pendiente la ley que la transpone, la Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad, pero conviene prepararse ya: sus exigencias llegarán también a muchos proveedores a través de los contratos. Su objetivo es reforzar la protección frente al aumento de los ciberataques, incluidos aquellos que pueden poner en riesgo infraestructuras críticas.

En España ya contamos con marcos de seguridad, pero es fundamental seguir avanzando en su implantación y verificación. Cada marco tiene su papel: el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) es obligatorio para el sector público y sus proveedores; NIS2 se dirige a entidades esenciales e importantes, y la ISO 27001 es un estándar voluntario que facilita cumplir con ambos. Todos ayudan a mejorar la gestión de la seguridad de la información y la respuesta ante incidentes.

La evolución de la normativa europea sobre datos y tecnología exige una adaptación constante. ¿Qué cambios regulatorios deberían vigilar especialmente las empresas en 2026 y cómo pueden prepararse para evitar incumplimientos?

La Ley de Inteligencia Artificial de la UE ya se está aplicando: las prácticas prohibidas son exigibles desde febrero de 2025 y, desde agosto de 2026, las obligaciones de transparencia, como avisar de que se interactúa con una IA o identificar los contenidos generados artificialmente. Las obligaciones para sistemas de alto riesgo se han aplazado al 2 de diciembre de 2027, y al 2 de agosto de 2028 para la IA integrada en productos regulados, por lo que 2027 será el año clave para prepararse.

La inteligencia artificial ha llegado para quedarse y las empresas deberán adaptarse a su evolución, implantando medidas para garantizar un uso responsable y cumplir con la normativa, que contempla sanciones importantes por incumplimiento.

Para muchas pymes, las medidas pueden ser relativamente sencillas, como establecer políticas de uso de la IA y formar al personal —algo que la propia Ley de IA pide a las empresas que utilizan estos sistemas—, siempre que no desarrollen sus propios sistemas o agentes. Además, si forman parte de la cadena de suministro de sectores esenciales, deberían analizar ya qué exigencias de ciberseguridad les trasladarán sus clientes cuando se apruebe la ley española que transpone NIS2.

Ante el avance de la inteligencia artificial, el aumento de las amenazas digitales y las nuevas exigencias regulatorias, ¿qué objetivos prioritarios se marca Prodat para finalizar 2026 y qué servicios o iniciativas quiere impulsar para reforzar la seguridad digital de las empresas canarias?

De aquí a final de año y durante 2027, nuestro principal objetivo será ayudar a nuestros clientes y a las empresas interesadas a adaptarse a la normativa europea de inteligencia artificial y a los requisitos de ciberseguridad, especialmente los derivados de la directiva NIS2.

Para ello, contamos con personal especializado en ciberseguridad, administración y gobernanza de la IA, con el objetivo de ayudar a las organizaciones a cumplir con sus obligaciones y reducir los riesgos legales y tecnológicos.

Además, nuestra experiencia en proyectos como la evaluación de Google Gemini Pro para su posible implantación en centros educativos de la Comunidad de Madrid nos ha permitido adquirir conocimientos especializados que refuerzan nuestra capacidad para acompañar a las empresas en este proceso.

¿Qué debe tener en cuenta una pyme canaria antes de introducir herramientas de IA en su día a día?

Uno de los principales problemas de la inteligencia artificial es que no se diseñó inicialmente teniendo la privacidad como prioridad. Su evolución se ha acelerado enormemente en los últimos años, pero todavía presenta riesgos, como las llamadas «alucinaciones», que pueden generar datos personales inexactos, o la posible exposición de información confidencial.

Para una pyme, la clave es utilizar estas herramientas de forma segura. Es importante revisar las condiciones de privacidad y configurar las opciones para evitar que los datos se utilicen para entrenar los modelos. También existen alternativas, como las versiones empresariales de determinadas herramientas o las soluciones de IA local, que permiten mantener la información dentro de los propios servidores de la organización.

La elección dependerá de las necesidades de cada empresa, pero innovar con inteligencia artificial debe ir siempre acompañado de medidas que protejan la información y la privacidad de los clientes.

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